Resumen

HOLA

Este artículo busca contribuir a la comprensión del patrón colombiano de migración interna como parte de las transformaciones históricas desde la segunda mitad del siglo xx en el contexto del conflicto armado. Se procura rescatar la utilidad de los censos demográficos con el fin de dimensionar la distribución de las migraciones en el territorio nacional y de reconocer el balance de pérdidas y ganancias poblacionales producto de los intercambios migratorios. Para ello son consideradas diferentes escalas de análisis espacial: regional, departamental, provincial y municipal. Los resultados revelan que a pesar de la fuerza concentradora de las áreas metropolitanas, surgen nuevos polos de atracción en las áreas de frontera interna e internacional, reconfigurando el patrón de migración interna en este nuevo lustro.

Introducción

En Colombia, los procesos migratorios se han caracterizado, como en la mayoría de los países latinoamericanos, por haber atravesado diversas etapas vinculadas a los procesos económicos y de transformación productiva: en un inicio predominantemente rurales, posteriormente de transición rural-urbana y después predominantemente urbanos. Factores estructurales de expulsión de orden económico y político se complejizaron desde mediados del siglo xx y llevaron al desplazamiento forzado de miles de campesinos y a migraciones masivas internas e internacionales que no podrían ser clasificadas claramente como voluntarias. Partimos del supuesto de que la combinación y sobreposición de flujos migratorios de diferente naturaleza, dentro y fuera del territorio nacional, definirían un patrón migratorio específico para el caso colombiano que no ha sido suficientemente reconocido.

Nuestro propósito es contribuir a la comprensión del patrón de migración interna como parte de las transformaciones históricas que Colombia experimentó desde la segunda mitad del siglo . Sustentamos el análisis en los dos últimos censos demográficos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística () de 1993 y de 2005, y en la aplicación de técnicas directas de estimación de la migración y de metodologías de análisis espacial.

Hemos estructurado el artículo en cuatro secciones. En la primera avanzamos con una sucinta exposición histórica de los factores que han estructurado la expulsión de las poblaciones en Colombia desde mediados del siglo hasta la primera década del siglo . Ello nos permitirá fundamentar el problema, el alcance del estudio y la utilidad que pueden tener los resultados. En la segunda sección establecemos los criterios metodológicos, así como las potencialidades y restricciones de las fuentes de información frente a los objetivos propuestos. En la tercera, de resultados, discutimos, primero, la distribución de las migraciones según diferentes escalas espaciales —regiones, departamentos y provincias— y, segundo, establecemos el balance de pérdidas y ganancias poblacionales, resultado de los intercambios migratorios en la escala microrregional. La cuarta sección ofrece una exposición concisa sobre el patrón de migración interna y sus principales cambios en este nuevo siglo.

Contextualización histórica de las migraciones en Colombia y definición del problema

En Colombia la redistribución de la población en el territorio, a través de las migraciones internas, fue favorecida por el acentuado crecimiento de la población rural, que hacia comienzos de la década del cuarenta se aproximaba al 2% anual (Schultz, 1971; Kalmanovitz y López, 2006; Flórez, 2000), por el auge de la industrialización en las nacientes áreas urbanas (López Martínez y Pradilla Cobos, 2008), como también, por conflictos estructurales de orden económico y político, que causarían migraciones y desplazamientos forzados de miles de campesinos, propiciando tanto su concentración en las ciudades así como su repliegue hacia zonas baldías de frontera interna e internacional, las cuales se convertirían posteriormente en regiones de «colonización tardía» (Fajardo, 2009; Palacios y Safford, 2002; Fals Borda, 1982).

Los conflictos estructurales subyacentes a esas migraciones masivas, que en la década del cuarenta detonaron en un fenómeno conocido como La Violencia, relacionado con la desigualdad de los ingresos y del acceso a la propiedad de la tierra (Fajardo, 2009), con la ambigua definición de los derechos de propiedad en las áreas de rurales (Kalmanovitz y López, 2007), así como con la fragmentación de las redes de poder entre los partidos políticos en las regiones (Pécaut, 2001; Palacios y Safford, 2002), no solo se profundizaron desde ese período, sino que fraguaron la formación de las guerrillas campesinas en la década del sesenta, dando origen a un nuevo fenómeno reconocido como el Conflicto Armado en Colombia (González, Bolívar y Vázquez, 2002).

En el avance hacia este nuevo lustro, el surgimiento de los negocios del narcotráfico, su penetración en la sociedad y en la institucionalidad, así como el surgimiento de nuevos actores armados, como los grupos paramilitares, conducirían al país a una situación de crisis permanente (Pécaut, 2013). Paralelamente, en la transición al siglo xxi, y al igual que otros países de la región que adoptaron los consejos del Consenso de Washington (Pradilla Cobos, 1989; Belloni y Wainer, 2014; Ocampo, 2015), Colombia experimentó profundas transformaciones económicas, sociales y políticas que repercutirían en la vida de los habitantes en todo el territorio nacional.

En una primera instancia, fueron inauguradas las prácticas de desregulación y liberalización de mercados, para las cuales el país no se encontraba preparado, mediante la política de apertura económica de 1991, lo que lo condujo a una de las mayores crisis económicas de su historia (Sarmiento, 2014b; Villa y Esguerra, 2007). En segundo lugar, fue promulgada Constitución Nacional de 1991, que, con el objeto de superar el conflicto, instauró nuevas disposiciones políticas en materia de derechos civiles y democráticos, así como de descentralización política y administrativa para la administración de los recursos de la nación (Gutiérrez, 2010; Echavarría y Villamizar, 2007). Sin embargo, los cambios institucionales provocados por el sistema de descentralización atrajeron la influencia de los grupos armados irregulares en la vida política local intensificando la violencia (Torres, 2010). Y, en tercer lugar, es a principios de la década del noventa cuando el conflicto armado alcanza su mayor agudización, expansión y descontrol, como resultado de las confrontaciones violentas entre los múltiples actores armados.

En este conflicto actuaban y se superponían los grupos de insurgencia armada de carácter político, los grupos armados ilegales —como los paramilitares—, los carteles del narcotráfico y las fuerzas armadas del Estado. Sus disputas involucrarían el control de extensos territorios productivos a fin de dominar los cultivos ilícitos y los canales del narcotráfico, mediante el despojo de tierras de sus poblaciones; el enfrentamiento a su expansión, y el silenciamiento y la eliminación de la protesta social (González, Bolívar y Vázquez, 2002; Pécaut, 2013; Robinson, Acemoglu y Santo, 2009). Las múltiples transgresiones que estas confrontaciones armadas traerían sobre la población civil se revelarían, entre otros, en el fenómeno del desplazamiento forzado, el cual, entre 1980 y 2016, habría producido cerca de siete millones de desplazados.

En este complejo escenario surgen, ineludiblemente, varios interrogantes acerca del comportamiento del volumen, la intensidad, la naturaleza y la orientación de los flujos migratorios dentro del espacio nacional y hacia otros destinos internacionales. Frente a la migración interna, si bien es contundente la concentración de la población en las grandes áreas urbanas, impulsadas por claras razones de expulsión desde las áreas rurales, siguen siendo escasos los estudios sobre las migraciones internas a nivel municipal y sobre la configuración de pérdidas y ganancias de población como resultado de los intercambios migratorios en todo el territorio nacional. Este vacío puede obedecer al papel central que sin duda cobró el conflicto armado y su relación con el desplazamiento forzado durante las últimas décadas, así como al mayor interés sobre migración internacional en el contexto global. Según estimaciones del , para el período comprendido entre 1980 y 2005 el volumen de emigrantes internacionales colombianos se habría aproximado a 3.590.611 (, 2008). Estimaciones posteriores del a partir de los registros administrativos de control de fronteras a cargo de Migración Colombia, apuntan a que entre 2004 y 2010 el volumen bordearía los 9,5 millones de emigrantes (Recaño, Sánchez y Rivera, 2013).

Con relación a las migraciones internas, la información oficial disponible correspondiente a los dos últimos censos demográficos (1993 y 2005), nos informa que el volumen de migrantes intermunicipales, según los cambios de residencia durante los últimos cinco años previos a cada censo, habría descendido de 4.161.862, entre 1988 y 1993 —cerca del 13% de la población total— a 2.666.142, entre 2000 y 2005 —cerca del 6,5% del total de la población—, una disminución inesperada del volumen de migrantes «voluntarios» internos, considerando las dinámicas de expulsión, que podría tener dos interpretaciones. Por un lado, evidenciar las restricciones de cobertura del censo de 2005, relativas a las dificultades de acceso a los municipios con presencia de grupos armados. O, por otro lado, advertir la recíproca exacerbación tanto del número de desplazados forzados, dentro y fuera de las fronteras nacionales, como de emigrantes internacionales, en respuesta a la crisis que el país experimentaba en el período, lo que además nos llevaría a suponer que quienes una vez cambiaron su residencia producto del conflicto, disminuirían la probabilidad de ejercer nuevos movimientos migratorios (Ramírez, Barbieri y Rigotti, 2017).

En este contexto, buscamos en primer lugar verificar la distribución de los intercambios entre diferentes unidades de análisis espacial, como son las grandes regiones naturales, los departamentos, y las provincias (microrregiones), y, en segundo lugar, establecer el balance de ganancias y pérdidas de población como resultado de la distribución de los intercambios migratorios en el territorio, entre 1988 y 1993 y 2000 y 2005, períodos en que recrudeció el conflicto armado.

Creemos que este estudio puede aportar a la comprensión de la historia reciente del país y al reconocimiento de los desafíos que representan los factores estructurales de expulsión demográfica, incluso para esta nueva fase del posconflicto. Con los resultados esperamos avanzar en el análisis y la aplicación de los censos demográficos, así como aportar a la comprensión del territorio para la formulación de políticas públicas que propendan por la superación de las desigualdades estructurales de la sociedad colombiana.

Marco metodológico

Para alcanzar estos objetivos, utilizamos los microdatos censales referentes a 1993 y 2005 suministrados por el . Estos censos incluyeron preguntas sobre mudanzas de residencia que permiten captar las migraciones «de fecha fija» con relación a los cinco años previos a la fecha censal. Esta información nos brinda la posibilidad de conocer el tamaño y la dirección de los flujos migratorios, así como de calcular las tasas netas de migración para los períodos 1988-1993 y 2000-2005.

En términos metodológicos se integraron dos etapas consecutivas: la aplicación de los conceptos, medidas, procedimientos y técnicas directas de estimación de la migración a partir de los censos de 1993 y de 2005 y la aplicación de softwares de procesamiento espacial, con el fin de reconocer la distribución de los flujos migratorios y avanzar en el análisis geoespacial.

El instrumento fundamental para la aplicación de las medidas de migración y el estudio de sus patrones fueron las matrices de origen y destino. La construcción de las matrices implicó previamente la programación y lectura de los microdatos, a través del software sas, y varias pruebas para organizar y filtrar las informaciones según la variable de migración en estudio al nivel de desagregación requerido. Gracias a la disponibilidad de los microdatos censales se obtuvieron, en total, seis matrices de migración: tres matrices para cada censo en las escalas espaciales de departamento, provincia y municipio.

El concepto que se adopta como migrante se refiere al individuo que residía cinco años atrás en un municipio diferente al municipio censado y sobrevivió al final del período independientemente de su lugar de nacimiento y de si reemigró dentro de ese período. La tasa neta de migración es estimada a partir de la relación entre los eventos migratorios ocurridos en los períodos 1988-1993 y 2000-2005 y la población promedio en esos períodos, respectivamente.

Tasa neta de migración

donde:

La forma como es calculada, posibilita su comparación. Esta parece ser, al final de cuentas, una alternativa adecuada para definir no solamente una población en riesgo de experimentar la migración, sino para dimensionar cómo puede ser afectada la población de un área específica por el comportamiento de la inmigración, la emigración y el balance de las dos a lo largo del período de análisis.

Porcentaje de migración

Es interpretado como la relación numérica entre las partes y el todo. En este caso, la relación entre el total de migrantes dentro de la población de referencia.

Aplicado en la escala nacional, el numerador se refiere a todas las personas clasificadas como migrantes (M): todos los individuos cuyo lugar de nacimiento o de residencia cinco años antes del censo no coincide con el lugar de residencia habitual en el momento del censo. El denominador corresponde a la población de referencia al final del período, que excluye tanto a los migrantes internacionales como a aquellos que no especificaron el lugar de residencia cinco años antes.

Escalas de análisis espacial

Para alcanzar una mayor comprensión del impacto de las migraciones en el territorio, se tienen en cuenta diferentes unidades de análisis espacial, a saber: las grandes regiones naturales, la unidad departamental, la escala provincial (o microrregiones dentro de cada departamento), la escala municipal y algunas selecciones especiales de municipios, como las áreas metropolitanas. Las divisiones territoriales de Colombia son diferentes a las de otros países. En términos políticos y administrativos, el país está dividido en 32 departamentos y 1119 municipios (mapa 1). Las provincias en Colombia son agrupaciones de municipios vecinos dentro de cada departamento, que, a diferencia de los municipios y de los mismos departamentos, no administran recursos financieros del Estado.

Con el fin de ampliar la comprensión sobre el comportamiento de las migraciones internas, es oportuno considerar la escala de provincias (microrregiones), rara vez utilizadas para análisis sobre migración en Colombia. Las 146 provincias reconocidas formalmente por el se definen por compartir características geográficas, económicas y tradiciones de carácter cultural y político. Algunas de ellas, en la región Amazónica y de la Orinoquia, corresponden a los mismos departamentos, en cuanto no solo comparten las características mencionadas sino que se dividen en poquísimos municipios.

El análisis de los intercambios migratorios bajo la escala de provincia permite superar, entre otras, tres dificultades relevantes. En primer lugar, se superan los problemas relacionados con escasa población: para un municipio con poquísimos habitantes, cualquier movimiento migratorio sobredimensionará el impacto de la migración con relación al conjunto de la población. En segundo lugar, se supera la dificultad de comparación entre censos cuando los municipios son agregados o desagregados en términos espaciales y político-administrativos. En este caso, los municipios que se anexaron con otros, entre 1993 y 2005, formaban parte de las mismas provincias, lo cual no afectó la comparación de las tasas. En tercer lugar, como la mayor parte de los departamentos presenta internamente abruptos contrastes geográficos, culturales y económicos, que pueden determinar áreas diferenciadas de atracción o de expulsión poblacional, estas se diluyen cuando la unidad de análisis es el departamento. En la escala de provincia dichas áreas pueden ser diferenciadas.

Cabe decir que en este trabajo no se desconocen las restricciones que en términos de cobertura pueden presentar los dos últimos censos en Colombia, aun cuando estas se presenten, esencialmente, en las áreas menos pobladas del territorio: en las áreas de las florestas tropicales de la región del Amazonas y en la región del Pacífico. Estas restricciones de cobertura obedecieron a las dificultades de acceso que impone la geografía nacional, así como a los riesgos que suponía para los empadronadores ingresar en municipios con presencia de grupos armados. Es preciso aclarar que para superar estos desafíos, en el censo de 2005 el dane optó por extender el período de empadronamiento a doce meses y recolectar la información por agrupaciones de municipios con características socioeconómicas semejantes, de modo que el censo de 2005 consistió metodológicamente en «un censo itinerante por conglomerados», en el cual se destinó mayor tiempo de recolección en las áreas de las selvas tropicales y otras áreas más apartadas de los centros urbanos (dane, 2005). Esta estrategia supuso algunos riesgos para la medición de la migración.

Cuando la recolección de la información es progresiva, no simultánea, uno de los problemas potenciales podría ser la doble numeración de las personas que, una vez registradas, migraran para municipios a ser empadronados. O, por otro lado, la omisión de aquellos que emigrasen de un municipio aún no empadronado, para otro que ya lo estaba. El primer riesgo fue superado mediante la inclusión de preguntas de control en el formulario censal para identificar si las personas ya habrían sido enumeradas. Con este método fueron contabilizadas 170.000 personas (dane, 2008). Por su parte, el segundo riesgo potencial no pudo ser controlado. Aquellas personas que habían emigrado de un conglomerado aún no enumerado, para otro donde ya se había realizado la enumeración, no quedaron representadas. En este caso, el subregistro no se ha estimado. El sugiere utilizar un proxy de los «ya enumerados» (dane, 2008: 18).

Adicionalmente, y considerando que la pregunta sobre el lugar de residencia se hizo en diferentes momentos, la referencia de «fecha fija» no aplicaría exactamente para todos los eventos migratorios. ¿Cómo se garantiza el rigor estadístico en este caso? ¿Hasta dónde un modelo matemático puede superar el posible sesgo de los resultados de un censo «itinerante»? Estos forman parte de los desafíos que deben abordarse para la medición y el análisis de las medidas de migración, además de los causados por problemas de cobertura que, en el caso de Colombia, se aproxima, según el , al 3,7% (, 2007).

La búsqueda de la mayor cobertura geográfica, paradójicamente, puede haber generado otro tipo de omisión y haber llevado a un desajuste en términos del momento de referencia, debido, justamente, a la naturaleza dinámica de las poblaciones. No sobra decir que, en el caso colombiano, en los censos anteriores se constató que la jornada de un día, como ideal de recolección, no es suficiente para alcanzar la totalidad de los habitantes en el territorio. El criterio de simultaneidad difícilmente se alcance en los censos demográficos. El período de recolección de la información puede variar ampliamente ante los desafíos que imponen la geografía y otras restricciones de acceso en función de la estructura ecológica y de la extensión de cada país.

Aun con las dificultades mencionadas, es preciso resaltar la oportunidad que proporcionan los censos de Colombia con el hecho de que las preguntas sobre migración hayan sido dirigidas al universo de la población. Esto permite superar no solo los problemas relativos a los diseños de muestreo, sino también conocer los movimientos migratorios hasta la menor escala de análisis espacial, como son los municipios. Por su parte, en la medida en que el cálculo de las tasas permite medir la intensidad de ocurrencia de los eventos demográficos en relación con la población expuesta al riesgo, las tasas de migración posibilitan conocer la estructura espacial del comportamiento migratorio al interior del país.

Discusión de resultados

Distribución de los migrantes entre regiones, departamentos y provincias

Una primera lectura sobre la distribución espacial de los inmigrantes es posible si se toman como referencia las regiones naturales de Colombia: región Andina, región Caribe, región de la Selva del Pacífico, región de los Llanos Orientales y región Amazónica. La región Andina, la más urbanizada y más densamente poblada del país, que integra, 768 municipios, aglutinó 73% de los inmigrantes entre 1988 y 1993, y 77%, entre 2000 y 2005. Si bien concentró un mayor número de inmigrantes en el segundo período, su tasa neta media anual de migración descendió de 0,35% a de 0,24%, respectivamente. La región Caribe, con 192 municipios, disminuyó la participación porcentual como destino migratorio entre los dos períodos, de 18,3% a 13%, así como la tasa neta media anual de migración de 0,34% a -0,07%. La región del Pacífico, con 47 municipios, en el período 1988-1993 recibió 79.000 inmigrantes y expulsó a 90.000, lo que equivalió a una tasa líquida media anual de -0,2%. Entre 2000 y 2005, no obstante, el balance fue positivo: habría recibido 63.000 inmigrantes y habría expulsado a 46.000, para una tasa neta de 0,3%.

El suroriente del territorio colombiano, la extensa región del Orinoco, también conocida como de los Llanos Orientales, participó con cerca de 158.000 inmigrantes entre 1988 y 1993, y con 131.000 entre 2000 y 2005. Esta región no solamente mantuvo una tasa neta de migración positiva, sino que aumentó entre los dos períodos de 0,3% a 0,6%. Cabe decir que en esta región se localizan los principales campos de explotación de petróleo, descubiertos e inaugurados a finales de la década del ochenta, los cuales aglutinaron, directa e indirectamente, niveles importantes de mano de obra (Flórez, 1999). Finalmente, también el suroriente del país, en la región Amazónica, la más extensa y la menos poblada, con apenas 6% de la población y con 118 municipios, parece haber aumentado sus tasas líquidas de migración de 0,01% a 0,05%, entre los dos períodos.

En este primer balance regional se detecta que en la transición al nuevo siglo disminuyó la intensidad de atracción migratoria hacia los municipios de las regiones Andina y del Caribe. Para los municipios de esta última, sus tasas incluso se tornaron negativas. La particularidad de este comportamiento es que estas dos regiones fueron, precisamente, donde se afianzó el proceso de poblamiento colombiano desde los tiempos de la colonización y donde se consolidaron las principales capitales del país. Por su parte, las restantes regiones, históricamente relegadas de los avances del desarrollo dirigidos por el Estado central, muestran una leve recuperación en el balance de entradas y salidas de migrantes entre los dos últimos censos. Esta tendencia parece congruente con los impactos que el crecimiento de la economía extractiva, la agricultura extensiva y el negocio del narcotráfico pudieron generar en estas áreas históricamente de baja densidad.

Gracias a la disponibilidad de microdatos censales es posible verificar que el volumen de intercambios residenciales entre municipios o entre provincias es expresivo, a pesar de que quedan ocultos cuando se privilegia en análisis en la escala departamental. La tabla 1 permite apreciar el tamaño de la migración según la escala espacial.

En tanto, si en 1993 el 22,5% de la población residía en un departamento diferente del departamento donde había nacido, la proporción aumenta para 32,4%, cuando la unidad de referencia es la provincia, y a 40%, cuando la unidad es el municipio. La relación es similar para el número de migrantes según lugar de residencia cinco años antes al censo: en 1993 se identificaron alrededor de 2,4 millones de personas (7,45% del total de la población) que residían en un departamento diferente de aquel donde residían cinco años antes. Si la unidad de análisis es el municipio, el total de migrantes aumenta a 4,1 millones (cerca de 13%), de manera que por cada cien migrantes interdepartamentales se registraron 180 intermunicipales.

Debe ser resaltada la predominancia de la participación porcentual de los intercambios entre provincias diferentes, que se mantuvo alta durante los dos períodos, con cerca del 82%. Apenas 18% de los migrantes mudaron entre municipios pertenecientes a una misma provincia. La participación porcentual de los migrantes interdepartamentales aumentó ligeramente entre los dos períodos de referencia, de 57,5% a 59%, mas la de los migrantes intradepartamentales disminuyó de 43% a 41%. Este comportamiento corrobora la fuerte inercia de las tendencias migratorias, establecidas desde la segunda mitad del siglo xx, desde municipios predominantemente rurales hacia ciudades intermedias de la misma provincia o departamento o para las principales ciudades del país, entre ellas, los núcleos o sus municipios circundantes de las áreas metropolitanas. A continuación se presenta una nueva aproximación sobre los intercambios con estas áreas.

Intercambios migratorios con las provincias metropolitanas

Las ocho provincias metropolitanas integran apenas 52 municipios, entre los cuales se incluyen las tres principales ciudades capitales: Bogotá, con siete millones de habitantes, y Cali y Medellín, con alrededor 2,2 millones, cada una, en 2005. En su conjunto, las áreas metropolitanas tuvieron un aumento de 13,3 millones de habitantes en 1993 para 18,5 millones en 2005, lo cual significó un aumento en la concentración de la población del país, de 37,2% a 43,2%, a una tasa de crecimiento intercensal de 1,68% anual. Las tasas líquidas de migración participaron en estos incrementos.

Entre 1988 y 1993, las áreas metropolitanas experimentaban una tasa líquida de migración media anual de 1,3%, que se mantuvo positiva, aunque en descenso, en 0,4%, entre 2000 y 2005. Estas recibieron 1.912.505 inmigrantes entre 1988 y 1993 y 1.247.488 entre 2000 y 2005, lo cual corresponde a 45,6% y 47,8% del total de inmigrantes, respectivamente. Las áreas metropolitanas conservaron el comando de atracción poblacional, aunque en su interior las diferencias entre núcleos y municipios fueron importantes.

Las ciudades capitales disminuyeron su participación como destino migratorio entre los dos períodos. En el primer período recibieron 1.303.344 migrantes, que corresponden al 31,3% del total de migrantes, y, en el segundo, recibieron 748.265, el 28%. Del balance de entradas y salidas, este comportamiento se refleja también en las tasas netas medias anuales, que caerían de 1,3% a 0,4% entre los dos períodos. Las personas que migraron para las ocho ciudades capitales metropolitanas eran procedentes, en más del 70%, de todos los municipios dispersos del territorio nacional, diferentes de sus municipios circundantes o de otras ciudades capitales. En todos los casos se identificaron áreas que aportaron porcentualmente más migrantes, generalmente las provincias próximas geográficamente o que formaban parte del mismo departamento.

El aporte de los municipios periféricos metropolitanos hacia las ciudades osciló en apenas 8% para el período 1988-1993 y en 8,8% entre 2000 y 2005. En contraste, fue superior la contribución de las ciudades capitales para las otras capitales que, en el primer período, alcanzaba 16,5% y que ascendió a casi 19% entre 2000 y 2005. De la capital, Bogotá, salió 5% de los migrantes que fueron recibidos en las restantes ciudades metropolitanas en el primer período, mas su aporte disminuyó a apenas 4,2% en el segundo período. Cali y Barranquilla, por ejemplo, fueron las únicas que aumentaron su participación porcentual en el aporte de migrantes intercapitales. Barranquilla contribuía, inicialmente, con 1,6% y pasó a aportar 2,3%, y Cali, que aportaba 2,1%, pasó a aportar 3%.

Cuando el foco son los municipios periféricos en las áreas metropolitanas, el comportamiento de los intercambios es diferente. Estos recibieron entre 1988 y 1993 cerca de seiscientos mil migrantes, y entre 2000 y 2005, cerca de 525.000. Aunque el volumen haya disminuido, su participación porcentual aumentó entre los dos períodos de referencia, de 14,6% a 19,7%, lo cual contrasta con el comportamiento de las ciudades capitales como destino migratorio. Esto a su vez representa una tasa neta media anual de migración de 2,6% en el primer período y de 1,5% entre 2000 y 2005.

Entre 1988 y 1993, los migrantes que escogieron como destino migratorio las áreas periféricas de los aglomerados metropolitanos procedían en 45% de municipios diferentes de aquellos periféricos y de las ciudades capitales, principalmente de provincias próximas geográficamente y pertenecientes al mismo departamento; apenas 9% procedía de sus municipios «pares» localizados en la misma área metropolitana. No obstante, los mayores contribuyentes fueron los núcleos metropolitanos, los cuales aportaron 45,2% y 50,5% de migrantes en 1993 y en 2005, respectivamente. En las tres principales ciudades capitales metropolitanas —Bogotá, Medellín y Cali—, por ejemplo, el patrón fue similar: ellas expulsaron parte de su población para sus propias periferias de forma creciente entre los dos períodos.

El mapa focalizado en las tres principales áreas metropolitanas combina tres variables de este patrón migratorio: el volumen de migrantes, su dirección y las tasas netas de migración de algunos municipios y su respectiva área de influencia geográfica. El mapa permite apreciar, en primera instancia, que el volumen de los flujos de migración direccionados para Bogotá fue mayor, en comparación con los flujos que se dirigen hacia Medellín y Cali, arriba de los diez mil migrantes. Las tasas de migración para las tres ciudades y para los municipios contiguos geográficamente fueron positivas, y negativas para los municipios que se encuentran más distantes y de donde se originan algunos flujos de menor volumen. En los recuadros ampliados para Bogotá y Medellín del mapa 2, a su vez, se registran flujos que, originados en las ciudades capitales se dirigen para los municipios periféricos, en sus respectivas áreas metropolitanas y para las cuales las tasas líquidas de migración son positivas. En el mapa 2, el único municipio que habría presentado tasas líquidas de migración negativa, de aproximadamente -20,9‰, corresponde al municipio de Abriaqui, en el occidente de Antioquia. Esta tasa puede reflejar el impacto del conflicto armado que en ese período experimentaba la región.

Con todo, las tendencias y el tamaño de las migraciones revelan que las áreas metropolitanas continuaron ejerciendo un mayor poder de atracción para los migrantes. Esta concentración la comparten tanto las ciudades como las periferias. A estas últimas no solo llegan migrantes provenientes de todos los cantos del país, sino que buena parte procede de sus respectivas capitales.

Balance de ganancias y pérdidas de población como resultado de los intercambios migratorios

De la aplicación de las técnicas directas de migración un primer resultado nos revela que las tasas de inmigración fueron expresivas en las áreas metropolitanas, en las áreas de frontera internacional y en las provincias de los Llanos Orientales, hacia los límites con Venezuela, al suroriente del país.

Durante el período 1988-1993, la mayor parte de las provincias localizadas en las áreas de baja densidad demográfica, como la región de los Llanos Orientales, así como en los cuatro extremos limítrofes internacionales, en la frontera con Panamá, con Venezuela (nororiente y suroriente) y con Ecuador, fueron receptores de importantes flujos de migrantes, con tasas anuales que incluso superaron 40‰. Este comportamiento parece reflejar la dinámica de atracción poblacional que pudiera jalonar, por un lado, la economía de explotación del petróleo, en los departamentos de Casanare y Arauca (Flórez, 1999), así como, por el otro, el comercio intensivo que suelen propiciar ciertas áreas de frontera con frágil presencia del Estado, las cuales, por supuesto, se pueden convertir en zonas de tráfico de productos, tanto lícitos como ilícitos, y que propician la atracción de capitales y de poblaciones.

En el caso de las áreas metropolitanas, sobresalen los municipios circundantes a la ciudad de Bogotá, para los cuales las tasas de inmigración fueron superiores a 20‰. Estos municipios, sin embargo, presentan dinámicas económicas muy diferenciadas, que, por lo tanto, atraen poblaciones a sectores productivos diversos. En los municipios circundantes al sur y al occidente de Bogotá se consolidaron, respectivamente, polos de desarrollo industrial y centros de producción y exportación de flores, lo que explica la fuerte atracción poblacional de cualificación media y baja, para la industria y la floricultura. Por su parte, en los municipios localizados en la parte norte de la capital, predominan áreas de crecimiento residencial que atraen familias de diversos sectores económicos.

Para el período 2000-2005, aunque la magnitud de las tasas de inmigración disminuyó considerablemente en todas las provincias del país, persisten las tendencias positivas y sobresalientes, registradas en el período anterior. Desde la perspectiva de análisis de la salida de migrantes, se observa que algunas de las provincias que presentaron las mayores tasas de inmigración, recíprocamente, experimentaron altas tasas de expulsión. La intensidad y el volumen fueron menores en el período 2000-2005. Las mayores tasas de expulsión se presentaron en las provincias de los Llanos Orientales, algunas provincias de la región del Amazonas, así como en oriente del departamento de Antioquia. Debe ser resaltado que, en estas provincias, la presencia de grupos de insurgencia armada era común en el período de referencia, lo que además se expresaba en el volumen de desplazamientos forzados.

Del balance de entradas y salidas de migrantes, tanto las provincias productoras de petróleo, en los departamentos de Casanare y Arauca, así como las circundantes en la región Cafetera, sobre la Cordillera Central, se convirtieron en áreas ganadoras de inmigrantes para el período 1988-1993. Con menor intensidad, provincias del norte del país, en la región Caribe también ganaron población.

Otras áreas metropolitanas, diferentes de las ubicadas sobre los Andes centrales, como Bogotá o la región del Eje Cafetero también figuran como ganadoras de población en el quinquenio 1988-1993, entre ellas, Barranquilla y Santa Marta, en el litoral del Caribe, y Cúcuta, en la frontera con Venezuela. Por otro lado, llaman fuertemente la atención las expresivas tasas líquidas en municipios del litoral Pacífico en la frontera con Panamá, así como las ganancias poblacionales netas en la región conocida como Magdalena Medio. Estas han sido regiones de enorme complejidad, en la medida en que se superponen diversos sectores productivos, como el de la explotación de petróleo, la producción de la ganadería extensiva, la minería de oro y también la producción y tráfico de psicotrópicos, lo cual no solo atraería mano de obra, sino grupos armados por el control de los territorios.

En contraposición, las mayores pérdidas por emigración, fueron experimentadas por las provincias de tradición expulsora sobre la región Andina, la mayor parte de provincias de la región Pacífica, excepto aquella próxima a los límites con Panamá y la mayor parte de provincias de la región de los Llanos Orientales y de la región Amazónica (mapa 3).

El comportamiento de las tasas líquidas de migración para el período 2000-2005 presenta importantes contrastes con el período anterior: provincias que experimentaron tasas netas de migración negativa se tornarían regiones de atracción una década después, en particular, las áreas de las fronteras internacionales con Panamá, Ecuador y Venezuela.

En el caso de la región del Darién en la frontera con Panamá, que perdía población por emigración, con tasas que oscilaban entre -1 y -10‰ habitantes anualmente, registraba, entre 2000 y 2005, tasas líquidas positivas superiores a 20‰ habitantes. Esta región ha sido conocida por ser área de litigios entre los diferentes grupos armados. Su localización en el cruce de fronteras con Centroamérica, su cercanía a los dos océanos, así como la riqueza natural en la floresta del Pacífico y la productividad de sus tierras, la convierten en territorio estratégico para la producción y tráfico de drogas.

Entre las provincias que mantuvieron tasas líquidas positivas entre los dos períodos se incluyen: las áreas metropolitanas, las provincias de tradición extractiva y de explotación de petróleo, sobre los departamentos de Casanare, Arauca y sobre la región del Magdalena Medio; así como la región de tradición productora de café, sobre los Andes centrales. Finalmente, la tendencia a la expulsión se conservaría en la mayor parte de las provincias de tradición agrícola minifundista sobre las cordilleras andinas, algunas localizadas en las planicies bajas de la región Caribe, así como en aquellas que forman parte de las selvas tropicales de la Amazonia.

Conclusiones

La fragmentación geográfica y espacial, que determinó el sistema de poblamiento, se impone como marco espacial estructurante del patrón migratorio colombiano en tanto buena parte de los flujos migratorios siguen absorbidos sobre la región Andina. En el patrón migratorio predominan los intercambios migratorios intrarregionales entre las ciudades capitales y los municipios de su área de influencia. No obstante, uno de los principales cambios del patrón migratorio que el país experimentó durante el siglo , más exactamente a partir de la década del setenta, y que se mantiene en el siglo , es el dominio que pasaron a ejercer los municipios periféricos de las ciudades capitales dentro de las áreas metropolitanas como nuevos centros de atracción migratoria, lo que contrasta con el declive de las ciudades capitales como polos de concentración demográfica.

Aunque se reconozca el papel aglutinador de inmigrantes en las áreas metropolitanas, no puede categorizarse al país como eminentemente urbano. Persistía en 2005 una resistencia importante de población en las áreas rurales, próxima a los once millones de personas, distribuida en más de mil municipios, la cual continuaba participando en los flujos de migración, dirigidos a las áreas urbanas consolidadas hacia áreas de predominancia rural y hacia las áreas de frontera interna e internacional.

El análisis del balance de los intercambios migratorios nos revela que, en el caso de Colombia, surgen nuevos centros de acumulación de capital que articulan población inmigrante. Estos no se circunscriben a las ciudades históricamente consolidadas como parte del proceso de industrialización y sus respectivas áreas de influencia, sobre las cordilleras de los Andes y en los principales puertos costeros del Caribe y del Pacífico.

El aporte de las migraciones en las periferias urbanas y en las áreas de frontera interna e internacional y, recíprocamente, el vaciamiento poblacional desde los centros urbanos y desde las áreas rurales de tradición expulsora, muestra también que, en esta nueva etapa histórica, el comportamiento de las migraciones reprodujo necesidades emergentes de concentración del capital, a donde confluyen los migrantes, no necesariamente ligadas al crecimiento industrial, mas a diversas formas de agronegocio.

La principal evidencia de este proceso que articula nuevos flujos migratorios en función de nuevos nichos de acumulación de capital corresponde al principal cambio en las tendencias migratorias entre los dos períodos analizados: las provincias de las áreas de las fronteras internacionales con Panamá, Ecuador y Venezuela, que experimentaron tasas netas de migración negativa entre 1988 y 1993 se tornarían regiones de atracción una década después.

Frente a las tendencias migratorias esperadas, al menos para las décadas que restan de la primera mitad del siglo , diferentes situaciones nos permiten conjeturar que el nivel del desplazamiento forzado disminuirá gracias a los acuerdos de paz, mas algunas tendencias se mantendrán. No se puede desconocer la persistencia de factores estructurales de la expulsión en las áreas rurales persisten. Los acuerdos del posconflicto no suponen una transformación del modelo económico agroexportador y de explotación primaria ni cambios sustantivos sobre la desigualdad en la concentración de la tierra que favorezcan y afiancen la articulación productiva de la población en las áreas de predominancia rural. De manera recíproca, los mecanismos subyacentes a la atracción de migrantes, ligados a diversos sectores económicos —legales o ilegales, formales o informales— en las áreas urbanas consolidadas y en las áreas de frontera, plausiblemente favorecerán volumen de inmigración.

Los resultados de este ejercicio académico abren nuevos cuestionamientos sobre la relación entre los factores de expulsión y de atracción y sus impactos diferenciales para la migración. Esto supone no solo profundizar en el estudio de las regiones y sus dinámicas locales, sino también examinar lo que nos ofrecen los censos acerca las motivaciones de los migrantes y sus características sociodemográficas. Será necesario integrar en los análisis la dimensión de la selectividad, para reconocer, las regularidades en los intercambios en la composición de los flujos migratorios según los intercambios poblacionales.

Creemos finalmente que los resultados de este trabajo serán útiles para avanzar en la discusión sobre los vacíos poblacionales, propios a los problemas de recolección de datos, y de aquellos propios de los factores de expulsión que actúan en el territorio.

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