Resumen

HOLA

En este trabajo exploramos si a raíz de la promulgación de la ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007 se presentan cambios en la búsqueda de salida de relaciones conyugales violentas mediante el mayor recurso a autoridades o la separación entre las mujeres mexicanas. Con base en datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares en dos momentos (Endireh 2006 y 2011), previo y posterior a dicha ley, se calcula tanto la prevalencia de estas dos opciones de salida a la violencia conyugal como los factores asociados a la ocurrencia de cada una de ellas, mediante modelos de regresión logística. No se evidencian cambios significativos en el recurso a alguna de estas salidas a la violencia entre 2006 y 2011.

Introducción

La violencia contra las mujeres por parte de la pareja continúa siendo un problema que afecta a buena parte de las mujeres en nuestro país. Las últimas cifras disponibles de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh 2011) indican que 42% de todas las mujeres (unidas, alguna vez unidas y solteras) han experimentado violencia de pareja en alguna o varias de sus expresiones (emocional, física, económica o sexual) (Casique y Castro, 2014).

La adopción de leyes en contra de la violencia hacia las mujeres y la promoción de su derecho a una vida libre de violencia se ha planteado como un paso necesario en cada sociedad para la erradicación de este problema. En México fue implementada a nivel federal la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007.

En este trabajo intentamos valorar el «efecto» que pudiese haber tenido la implementación de esta ley en términos de las respuestas de las mujeres unidas cuando se ven envueltas en una relación violenta. ¿Acaso el conocimiento de esta ley ha propiciado actitudes y acciones más resueltas por parte de las víctimas de violencia conyugal para encontrar una salida a esa situación? Desde entonces, ¿ha tenido lugar una mayor conciencia entre las mujeres sobre la violencia como una situación no aceptable? ¿Se ha incrementado la proporción de mujeres que reconocen su derecho a vivir sin violencia y a defenderse de esta en caso de ocurrir? ¿En qué medida, a raíz de esta ley, una mayor proporción de mujeres unidas buscan terminar, mediante la solicitud de ayuda institucional, o por medio de una separación, con una relación violenta? Y de haberse dado estos cambios, ¿se han extendido a todas las mujeres o solo a aquellas mujeres más privilegiadas, en términos socioeconómicos y educativos?

Las interrogantes que nos planteamos son muchas y es muy posible que con la información disponible no podamos dar respuesta satisfactoria a todas ellas. Pero para iniciar la tarea de darles respuesta nos planteamos realizar una comparación, a partir de datos de la Endireh 2006 y la Endireh 2011, que pretende evaluar si la promulgación de esta ley ha promovido cambios en la conciencia y en las actitudes de las mujeres mexicanas en rechazo de la violencia de género y en la búsqueda de salidas a esta situación.

Para ello examinamos, comparativamente entre 2006 y 2011, en primer lugar la prevalencia de ciertas actitudes y creencias respecto a la violencia contra la mujer y en segundo término la asociación que tiene lugar entre el nivel de conocimiento de los derechos de las mujeres y la búsqueda de solución a la violencia conyugal a través de dos vías: la búsqueda de ayuda institucional (o formal) y el planteamiento de una separación.

Es claro que las dos vías de solución a la violencia conyugal que analizamos en este trabajo no son todas las posibles; existen otras alternativas de solución, como la búsqueda de apoyo informal a través de familiares o amigos. Pero nos concentramos aquí en solo dos de ellas porque nos parecen las alternativas más definitivas y relativamente efectivas para poner fin a la situación, aunque es necesario admitir que el recurso a alguna de estas dos «estrategias», o a ambas, no implica con certeza el final de la relación violenta.

En este sentido, es importante mencionar que incluso la separación de la pareja, que podría pensarse como la solución más «definitiva» o «radical» a una relación de violencia, no siempre puede garantizar el fin de la violencia. La violencia puede persistir o incluso aumentar después de la separación, particularmente durante el tiempo e inmediatamente después de la separación (Hotton, 2001). Muchos estudios en diversos países han encontrado un riesgo significativamente mayor de violencia de pareja (Intimate Partner Violence, , en inglés) entre las mujeres separadas y divorciadas que entre las mujeres casadas (Brownridge et al., 2008; Haaland et al., 2005; Langhinrichsen-Rohling 2005; Wilkinson y Hamerschlag 2005; Johnson, 1996; Castillo, 2011). Este riesgo es particularmente elevado cuando la relación de la pareja se caracterizaba por una relación de control del cónyuge sobre la mujer (Ornstein y Rickne, 2013).

Aun así, la búsqueda de ayuda institucional y la separación constituyen, en nuestra opinión, las opciones más eficientes de que disponen las mujeres para salir de la violencia conyugal. Entendemos que con frecuencia las mujeres en situación de violencia emplean más de una estrategia o alternativa de solución, y que las dos alternativas que analizaremos ocurren muchas veces de manera conjunta. Sin embargo, para efectos analíticos, revisaremos cada una de estas posibles salidas por separado.

El escenario legal para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres en México y el conocimiento de las mujeres de sus derechos

Es en la década del noventa cuando el problema de la violencia, inicialmente abordada como violencia intrafamiliar —y no específicamente como violencia contra la mujer— comienza a llamar la atención en México al grado de evidenciarse la necesidad de algún tipo de legislación que atienda el problema. De esta manera, en 1996 se expide la primera Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar para el Distrito Federal. Posteriormente, en 1997 y 2000, se introdujeron algunas reformas al Código Civil del Distrito Federal (), que procuran regular los efectos de la violencia intrafamiliar y se incorpora el delito de violencia intrafamiliar (Álvarez, 2005).

Esta iniciativa del de promulgar una ley local sobre la violencia intrafamiliar y hacer reformas en el Código Civil se fue reproduciendo en la mayoría de las entidades federales del país en los años subsiguientes. Posteriormente, en el año 2000, se elaboró la Norma Oficial Mexicana 190 sobre los Criterios para la Atención de la Violencia Familiar, reconociéndose con ello que la violencia familiar constituye un problema de salud pública (Álvarez, 2005).

Antes de la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se promulgaron, como antecedentes jurídicos en procuración de la igualdad de hombres y mujeres, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres (en 2006 y reformada en 2013) y la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación (2003). Finalmente, en 2007, se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a nivel federal y, a partir de ese año y durante los años subsecuentes, inició la promulgación de las leyes estatales correspondientes a nivel de cada entidad federativa del país.

Esta ley, a diferencia de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar de 1996, pone el foco en la violencia contra las mujeres en lugar de la familia y legisla sobre la violencia contra las mujeres no solo en el ámbito doméstico.

La existencia de todo este marco legal amplio en contra de la violencia hacia las mujeres constituye, sin duda, un paso muy importante en la lucha contra este problema. Sin embargo, no implica necesariamente un cambio evidente ni inmediato en la ocurrencia o en la atención al problema. Muchas organizaciones civiles hablan de la ley de acceso como letra muerta, en tanto que la situación de violencia sigue siendo alarmante y que algunas de sus expresiones, como el feminicidio, han registrado incrementos en los últimos años.

Vale la pena mencionar que el papel de la legislación como agente de cambio, en el sentido de promover nuevos valores y conductas entre la población, o como simple reflejo de cambios que ya han ocurrido en la población y que son entonces incorporados en la legislación es un debate abierto (Añón, 2006 citado por Diegues, s.f.). En la primera visión el derecho aparece como la punta de lanza de cambios sociales (Maggio, 2008) y en la otra como reflejo (algo retrasado) de dichos cambios (Minow, 2000). Y desde esta perspectiva, y sin pretender abordar de manera exhaustiva este debate que escapa a los objetivos de este trabajo, cabe preguntarnos si la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia en México estaría promoviendo cambios en los significados y respuestas frente a la violencia contra las mujeres o si está reflejando cambios sociales ya ocurridos antes de su promulgación.

Es evidente que el reto es que no solo a través de la promulgación (y aplicación) de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la difusión que el Estado y los entes gubernamentales puedan hacer sobre los derechos de las mujeres y sobre el rechazo a la violencia, sino también a través de una educación temprana en estos valores, lograremos fomentar una nueva cultura de relaciones igualitarias entre hombres y mujeres y de reprobación social y legal a la violencia.

De entrada, los datos de la Endireh 2011 indican que del total de mujeres unidas encuestadas, un 73 % ha oído hablar de la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres y el 81 % ha oído hablar de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Las cifras parecen bastante elevadas, pero es necesario examinar qué tan interiorizados están en realidad los derechos de las mujeres y si el reconocimiento de estos derechos se hace evidente y ha jugado hasta ahora un papel en determinar actitudes más claras de rechazo y de salida de relaciones de violencia entre las mujeres.

El contexto de violencia conyugal en México

La violencia de pareja contra la mujer ha sido abordada de manera más sostenida en México desde principios de la década del noventa. En esa década fueron levantadas las primeras encuestas que abordaban esta problemática, incorporado un pequeño conjunto de preguntas específicas en estudios regionales o bien como un módulo especializado dentro del cuestionario, en encuestas sociodemográficas y de salud de alcance nacional. En el año 2003 se realizaron las primeras dos encuestas de carácter nacional abocadas específicamente a la medición de la violencia doméstica contra las mujeres: la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Salud (Envim 2003), levantada entre usuarios de centros de salud, y la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003, levantada en una muestra nacionalmente representativa de hogares (Castro, Casique y Brindis, 2008). Desde entonces, dos ediciones más de la Endireh fueron levantadas, en 2006 y 2011.

Los datos más recientes para México evidencian, a partir de la Endireh 2011, que la problemática de violencia conyugal contra las mujeres sigue representando una situación bastante generalizada entre las parejas mexicanas. Los datos de violencia conyugal experimentada por las mujeres unidas en el último año (previo a la encuesta) indican que la violencia emocional fue la de mayor prevalencia (afectando al 23,3 % de las mujeres unidas o casadas), seguida de la violencia económica (16,1 %), la violencia física (4,4 %) y finalmente la violencia sexual (2,8 %) (Casique y Castro, 2014).

Cuando se comparan estas prevalencias de 2011 con las de las Endireh previas (2003 y 2006), se observa que tres de los cuatro tipos de violencia (emocional, económica y sexual) presentan un claro patrón de descenso al comparar las tres encuestas: la Endireh 2003 reportó las más altas prevalencias para estas violencias, mientras que la Endireh 2011 reporta las más bajas, con la medición de 2006 situándose en valores intermedios. Solo en el caso de la violencia física los valores más altos (documentados) se registraron en 2006, pero también habrían descendido para 2011 (gráfico 1) Es importante mencionar que algunos ajustes y cambios en las preguntas del cuestionario de la Endireh en sus tres ediciones y diferencias en los criterios de selección de las mujeres a encuestar en los hogares seleccionados podrían, al menos parcialmente, estar influyendo en este descenso registrado de la violencia conyugal en México (Casique y Castro, 2014).

Gráfico 1: Prevalencia de cuatro tipos de violencia conyugal en el último año entre mujeres casadas o unidas

La búsqueda de apoyo institucional como salida a la violencia en México

Ante la experiencia de violencia conyugal, una posible salida es la búsqueda de ayuda, formal o informal, que despliega la mujer. Para que este paso sea dado, las mujeres tienen que vencer muchos obstáculos, ideas y temores: una alta valoración del matrimonio, la carencia de recursos económicos, la dependencia emocional con su abusador, la esperanza persistente de que su pareja va a cambiar, el temor a empeorar la situación, la aceptación —con resignación— de estereotipos y roles de género o el temor al estigma social, entre otros.

La ayuda informal hace referencia a la búsqueda de opiniones, consejos y a veces intervenciones por parte de familiares, amigos o conocidos. La ayuda formal o institucional se refiere, por su parte, a la búsqueda de apoyo psicológico, de salud, legal, judicial, refugio, etc., en alguna agencia o instancia institucional para enfrentar —o salir de— la situación de violencia conyugal con la pareja.

La búsqueda de ayuda puede ser concebida como un proceso más que como un evento único que ocurre en un solo momento del tiempo (Merritt-Gray y Wuest, 1995). Se trata además de un proceso que implica múltiples fases que irían desde el reconocimiento de la violencia como un problema, el reconocimiento del derecho (o necesidad) de detener o salir de esta situación, hasta la validación de la búsqueda de ayuda y la selección de la persona o institución a la cual acudir (Liang et al., 2005 citado por Frías, 2013).

En el caso de México, como en cualquier otro país, sabemos que son muy pocas las mujeres víctimas de violencia que buscan ayuda institucional (o formal) para salir de la violencia. Si bien no todas las instituciones o agencias que ofrecen algún tipo de apoyo a mujeres víctimas de violencia cuentan con cifras precisas del número de mujeres que atienden, se han hecho ya algunas estimaciones sobre la base de encuestas nacionales. Datos de la Encuesta sobre Violencia Intrafamiliar, levantada por en 1999 en el , indicaban que solo uno de cada seis hogares con violencia había solicitado algún tipo de ayuda (Álvarez, 2005). Más recientemente, con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2006, Frías (2013) señala que 22 % del total de mujeres víctimas de violencia física o sexual que buscaron ayuda, acudió a alguna institución o autoridad.

Las autoridades o instituciones a las que acuden las víctimas de violencia recogidas en esta encuesta son: el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (), el Instituto de la Mujer, el Ministerio Público, la Presidencia Municipal (o Delegación), la Policía y «otros».

La búsqueda de apoyo ha sido planteada como una expresión de agencia de las mujeres (Frías, 2013) y por lo mismo está presumiblemente asociada con el nivel de empoderamiento de las mujeres, entendido este como una expansión en la capacidad de tomar decisiones clave que afectan la vida propia, en un contexto en que esta capacidad les era previamente negada (Kabeer, 2001). Es importante admitir, sin embargo, que no siempre la decisión de buscar ayuda externa proviene —inicialmente— de la propia víctima de la violencia y que este proceso podría iniciarse por iniciativa de una tercera persona que insiste a la mujer en la necesidad de esta acción. Pero en cualquier caso, es factible asumir que las mujeres con mayores nivel de empoderamiento —a través de sus diferentes elementos como agencia, autoestima, poder de decisión, recursos y actitudes frente a los roles de género—, al ser víctimas de violencia conyugal, tendrían mayores probabilidades de buscar ayuda y buscar apoyo institucional para salir de la situación de violencia.

La severidad de la violencia experimentada es otro factor estrechamente asociado a la búsqueda de ayuda en casos de violencia y el más documentado en las investigaciones realizadas sobre búsqueda de ayuda en otros países (Leone et al., 2007) y también en México se ha evidenciado su importante rol como factor catalítico de este proceso (Frías, 2013).

Las características de las mujeres víctimas han sido examinadas en otros contextos, sin poder identificar claras asociaciones entre la etnicidad, el nivel socioeconómico u otras características sociodemográficas de las víctimas y la búsqueda de ayuda (Hutchinson y Hirschel, 1998; West, Kantor y Jasinski, 1998 citados por Leone et al., 2007).

En el caso de México, Frías (2013) encontró evidencias de asociaciones positivas (que incrementan las probabilidades de búsqueda de apoyo institucional) entre el nivel educativo de la mujer, hablar lengua indígena, la residencia urbana, tener hijos mayores de diez años y la apropiación de los derechos de las mujeres. Por el contrario, encontró evidencias de asociaciones negativas (que reducen la probabilidad de búsqueda de ayuda formal) al incrementarse la edad de la mujer y cuando las mujeres tienen hijos menores de cinco años (Frías, 2013).

El análisis desarrollado por Frías (2013) sobre la búsqueda de ayuda institucional (o formal) por parte de mujeres víctimas de violencia en México constituye un antecedente directo de este trabajo. A diferencia de aquel, nos referimos aquí solo a las mujeres unidas (en tanto que nos interesa analizar la opción de separación conyugal como salida a la violencia). Otra importante diferencia es que incluimos a las víctimas de todo tipo de violencia conyugal, mientras que aquel trabajo solo retomó las víctimas de violencia física o sexual.

La separación como salida a la violencia

Aun cuando podría pensarse que la separación representa la alternativa más radical y con mayores probabilidades de poner fin a la violencia de la pareja, se trata obviamente de una decisión difícil y dolorosa. Las implicaciones y consecuencias de un divorcio pueden ser múltiples y contradictorias en la experiencia de las mujeres. Supone en cualquier caso pérdidas y ganancias simultáneamente.

También es importante entender que las implicaciones y valoraciones de una separación no solo son dictadas por situaciones particulares de las mujeres o por sus rasgos individuales, sino también y fundamentalmente por el contexto social, y por los valores que se atribuyen al matrimonio y a la separación socialmente.

Es bien conocido que el matrimonio constituye una institución central en la sociedad mexicana: aunque las últimas décadas han registrado un pequeño retraso en la edad en la que las mujeres entran en su primera unión, el 95 % de la población total mexicana entra en una unión en algún momento de la vida (Quilodrán y Sosa, 2004) y estos matrimonios son bastante estables (Solís y Puga, 2009), con menos del 13 % de los matrimonios que terminan en divorcio (Quilodrán, 2002).

En este sentido, parece razonable suponer que, en una sociedad como la mexicana en la que el matrimonio es altamente valorado, las mujeres unidas o casadas disfrutan de mayor prestigio social que las mujeres no casadas, particularmente más aún que las separadas o divorciadas. Al mismo tiempo, y en tanto que el divorcio tiende a ser entendido socialmente como un fracaso, las mujeres separadas son estigmatizadas como individuos incompetentes y fracasados.

Estos significados e implicaciones sociales pueden interferir, junto con otras importantes consecuencias a nivel personal y familiar, con la posibilidad de que la mujer violentada se plantee la separación como opción de salida.

Los estudios realizados sobre violencia y separación evidencian que usualmente la separación no es un proceso que ocurre una sola vez y de manera definitiva, sino que en la mayoría de los casos tienen lugar varias separaciones, en el intento de encontrar solución al problema de la violencia. En este sentido, Goetting (1999) enfatiza que la separación es un proceso y no un evento acotado en el tiempo, y que tanto eventos y cambios externos como cambios internos pueden actuar como catalizadores de este proceso.

La separación —temporal o permanente— puede ser empleada por las mujeres víctimas de violencia conyugal de dos maneras básicas: como elemento de negociación ante el conflicto, como intento de disuadir a la pareja de mantener actitudes y conductas violentas hacia ella, o como escape definitivo al riesgo de sufrir daños o a muerte. Ambas estrategias no son excluyentes.

En el caso de la amenaza de irse como estrategia para disminuir el conflicto, estudios realizados en otros países han encontrado que esta amenaza resulta más efectiva cuando es más creíble. Y su credibilidad está en función de que la mujer tenga los recursos que le permitan materializar la amenaza: si tiene empleo o recursos económicos propios, apoyo de algún familiar o amigo, alguna casa o refugio a donde poder irse, etcétera (McElroy y Horney, 1981).

Pero también, cuando la separación es considerada de manera más definitiva, como salida o escape de la violencia, y se sopesan los riesgos que esta puede implicar para la mujer y para otros familiares como los hijos, los recursos disponibles juegan un papel definitorio en la posibilidad de concretar esta salida.

Entre los recursos externos que son requeridos se encuentra el acceso a redes de apoyo (que pueden ser familiares o institucionales), servicios sociales y recursos económicos que permitan el establecimiento de una residencia independiente (Kirkwood, 1993; Rusbult y Martz, 1995; Strube y Barbour, 1984 citados por Anderson, 2007) y la ruptura de la dependencia económica respecto a la pareja (Anderson, 2007). La existencia de una legislación que reconozca la violencia conyugal como delito y que establezca sanciones constituye también un recurso muy importante.

Como recursos internos se ha hecho referencia en estudios previos a la relación con otras mujeres o redes de apoyo que faciliten una revalorización de la violencia como conducta no natural e inevitable, y que fomenten su desaprobación por parte de la mujer (Waldrop y Resick, 2004 citados por Anderson, 2007). Se alude también a la necesidad de una autoestima saludable y a la ausencia de estados depresivos, ambas condiciones severamente afectadas en una persona sujeta a una relación violenta (Anderson, 2007).

Adicionalmente planteamos aquí la relevancia que pueden tener elementos como una ideología de roles de género igualitaria, la autonomía y el poder de decisión de las mujeres (dimensiones del empoderamiento femenino) como recursos internos de las mujeres que podrían facilitar en gran medida la concreción de una separación cuando el abuso del compañero plantea la necesidad de esta salida.

Por otra parte, y como ya sugeríamos en la introducción de este trabajo, planteamos que la experiencia de expresiones más severas de violencia actúan como un catalizador de la separación de la pareja. Si bien algunas expresiones «leves» de violencia, como celos o enojos y reclamos frecuentes, pueden ser minimizados socialmente como atributos masculinos o eventos aislados de violencia, las consecuencias de asaltos o agresiones serias y constantes serían más temibles y más difíciles de justificar o ignorar.

Al plantear la existencia de distintos niveles de la severidad de la violencia conyugal resulta pertinente retomar la clasificación planteada por Johnson (1995 y 2008) sobre dos tipos fundamentales de violencia conyugal: violencia situacional y terrorismo íntimo. La primera se refiere a actos de violencia que no ocurren de manera sistemática y que se dan como eventuales escalamientos de una discusión o conflicto particular, en tanto que el segundo tipo de violencia conyugal, el terrorismo íntimo, sí se manifiesta como parte de una estrategia permanente de dominación y control del otro.

La diferencia entre una y otra no reside tanto en el tipo de actos que envuelven o en su frecuencia, sino principalmente en su inserción (o no) en una estrategia permanente de control de la pareja. Por otra parte, mientras la violencia situacional es ejercida con frecuencia similar por hombres y por mujeres, el terrorismo íntimo es casi exclusivamente ejercido por hombres (Johnson, 2001).

Ambos tipos de violencia involucran un amplio rango de conductas y actos que pueden ir desde agresiones leves hasta manifestaciones graves de violencia. Sin embargo, argumentan Johnson y Leone (2005), los efectos de una y otra son muy distintos. Las mujeres que experimentan terrorismo íntimo son atacadas con más frecuencia, sufren expresiones de violencia que son más difíciles de detener y tienen mayores probabilidades de sufrir heridas o daños que las mujeres que experimentan violencia situacional. Y, muy importante, las primeras se separan de sus parejas o se van de la casa con mucha mayor frecuencia que las últimas (Johnson y Leone, 2005).

Finalmente, otras características sociodemográficas y variables planteadas previamente en la literatura como posibles catalizadoras o inhibidoras de la decisión de separación son también retomadas en este análisis, tal como la edad de la mujer, su nivel de escolaridad, el tipo de unión, el número de hijos, la situación laboral de la mujer, la zona de residencia y el estrato socioeconómico.

Datos y métodos

Los datos utilizados provienen de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, en sus versiones de 2006 y 2011 (Endireh 2006 y Endireh 2011), que tienen representación de la población tanto estatal como nacional. Las submuestras utilizadas son las mujeres de 15 años de edad o más, unidas o casadas y que alguna vez han sufrido algún tipo de violencia conyugal (39.882 mujeres en 2006 y 34.183 mujeres en 2011).

Como primer paso calculamos las dos variables dependientes dicotómicas: la primera opción de salida es «la búsqueda de ayuda institucional», a partir de la pregunta: «Ante estas situaciones, ¿usted pidió ayuda a...» que adopta el valor de uno (1) cuando, al experimentar violencia conyugal, las mujeres acudieron con alguna autoridad o institución —el , el Instituto de la Mujer, el Ministerio Público, la presidencia municipal, la delegación, la policía u otra autoridad)— y cero (0) cuando no acudieron. Nuestra segunda variable dependiente es la «separación como opción», construida a partir de la pregunta «A raíz de los problemas y conflictos con su esposo o pareja, ¿piensa separarse?». La variable adopta el valor de uno (1) cuando la mujer contestó que «piensa separarse o terminar la relación» o cuando indicó que «se separó por un tiempo pero volvió con él», y 0 (cero) cuando respondió que «no puede separarse» o «no lo piensa o no quiere separarse».

En la tabla 1 podemos observar los porcentajes correspondientes a estas dos variables en los dos años analizados. Llama poderosamente la atención que los porcentajes de mujeres víctimas de violencia que buscan ayuda institucional y que se plantean la separación como salida a la violencia conyugal se reducen de manera significativa entre 2006 y 2011. Este dato, por sí solo, parece contradecir ya nuestras expectativas de que, con posterioridad a la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007, se habrían incrementado las respuestas de rechazo a la violencia y la opción por algún tipo de salida de dicha situación.

Tabla 1: Porcentaje de mujeres que solicitó apoyo a alguna autoridad y que se separó como salidas a la violencia conyugal

Es difícil aventurar una hipótesis que intente explicar esta caída en los porcentajes de mujeres que buscan alguna de estas dos salidas frente a la violencia conyugal. Una posible explicación gira en torno a que las preguntas planteadas sufrieron modificación entre una y otra encuesta; y, efectivamente, la pregunta para dar cuenta de la búsqueda de ayuda por parte de alguna autoridad sí cambió entre ambas ediciones. Estas diferencias podrían haber llevado a resultados tan diferentes. La pregunta sobre la opción de separarse frente a los conflictos en la pareja fue, en cambio, exactamente la misma en ambas encuestas. Por otra parte, estos resultados podrían estar también parcialmente vinculados a ciertas diferencias en el perfil de las mujeres incluidas en la muestra de la encuesta en 2006 y 2011, que si bien responden a un mismo marco muestral (basado en el censo nacional del 2000) evidencian algunas diferencias tales como una mayor edad promedio de las mujeres encuestadas en 2011.

Para el análisis de los factores que se asocian a la adopción de alguna de estas dos salidas a la violencia conyugal incluimos diversas variables destacadas en la literatura existente, como factores asociados a la búsqueda de ayuda frente a la violencia y disponibles en la Endireh 2006 y 2011.

Como variables explicativas centrales, teóricamente relacionadas con la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, incluimos tres indicadores: un índice de rechazo de la violencia y dos variables dicotómicas — reconocimiento del «derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia» (sí o no) y el reconocimiento del «derecho de las mujeres a defenderse y a denunciar cualquier maltrato o agresión» (sí o no)—.

El índice de rechazo de la violencia se construyó a partir de la pregunta: «¿y el que le haya (avergonzado, golpeado, etc.) le parece… (grave, o sin importancia)?» planteada para cada uno de los 30 ítems de violencia, de la escala de Straus (1979), los cuales fueron agregados en un índice estandarizado.

Como variables de control incluimos, en primer lugar, algunas variables sociodemográficas de las mujeres tales como la residencia urbana, el nivel socioeconómico, la edad de la mujer, los años de educación, la condición de actividad de la mujer, la duración de la unión, el número de hijos y la presencia de hijos menores de 12 años (asumiendo que la presencia de hijos en edad escolar puede hacer más difícil la decisión de separarse de la pareja y alejarla de la vida de los niños).

Además, incorporamos algunos indicadores del empoderamiento de las mujeres: la ideología de roles de género igualitaria, la autonomía y el poder de decisión de las mujeres, como recursos internos de las mujeres que podrían facilitar en gran medida la búsqueda de apoyo formal o la concreción de una separación cuando el abuso del compañero plantea la necesidad de esta salida. Y junto a ellos agregamos en el análisis, como otro elemento de empoderamiento pero que juega el papel de un recurso externo y que podría facilitar cualquiera de estas opciones de salida, la disponibilidad de recursos económicos propios de la mujer.

En la tabla 2 podemos observar cómo se caracterizan las muestras de mujeres analizadas (mujeres que alguna vez han sufrido al menos un tipo de violencia conyugal) según todas estas variables.

Al comparar los valores promedio o distribuciones de las variables entre la muestra de mujeres en 2006 y en 2011 se observan algunas diferencias relevantes: las mujeres víctimas de violencia conyugal de 2011 son, en promedio, 3 años mayores y con una media de años de escolaridad ligeramente menor a la de 2006. En la muestra de mujeres de 2011 hay un menor porcentaje de mujeres con 1 ó 2 hijos y un mayor porcentaje de mujeres con 3 ó 4 hijos. Por estrato socioeconómico hay diferencias también, con porcentajes ligeramente mayores tanto en el estrato muy bajo como en el estrato alto en 2011.

Llama además la atención que en la muestra de 2011 es menor el porcentaje de mujeres que trabajan fuera del hogar (42,83 contra 45,38 % en 2006) pero esto probablemente va en correspondencia con la mayor edad y la menor escolaridad de estas mujeres, además de que en mayor porcentaje que en la muestra de 2006 vive en áreas rurales (20,46 % en 2011 contra 13,62 % en 2006).

En términos de las variables que ubicamos como teóricamente relacionadas con la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se observa que las diferencias entre 2006 y 2011 son bastante reducidas y no parecen alentar la hipótesis de que tras esta ley las mujeres hubiesen ganado mayor conciencia sobre sus derechos en caso de experimentar violencia. El índice de rechazo a la violencia es prácticamente igual en ambos años y con un valor mediano (en torno a 0,5) que sugiere que todavía hay muchas expresiones de violencia contra las mujeres que no son percibidas como tales por estas. Los indicadores de reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida sin violencia y del derecho a defenderse y a denunciar la violencia son también bastante similares entre las mujeres de ambas muestras, casi universales en ambos años.

Tabla 2: Características de la muestra de mujeres (medias y distribución porcentual) que han experimentado algún tipo de violencia conyugal (2006 y 2011)

Las diferencias observadas entre la muestra de mujeres de 2006 y la de 2011 parecen apuntar a un grupo de mujeres víctimas de violencia conyugal en 2011 con algunas desventajas relativas frente a las de 2006 para optar por ayuda institucional o por la separación frente a la violencia: mayor edad, menor escolaridad, mayor ruralidad y menor participación en el mercado laboral.

No obstante, si comparamos los valores de los indicadores de empoderamiento entre las mujeres de una muestra y otra se observa que, a excepción del índice de actitudes frente a los roles de género (menor en 2011, indicando una postura algo más tradicional entre estas mujeres que entre las de 2006), las otras dimensiones de empoderamiento aparecen más fortalecidas entre las mujeres de 2011: cuanto mayor es el índice de recursos económicos, mayor es la autonomía y mayor el poder de decisión (tabla 2).

Veamos ahora, mediante un modelo de regresión, cómo se estructuran estas diferentes características, de unas mujeres y otras, en términos de probabilidades de salidas a la violencia conyugal.

Factores asociados a la búsqueda de apoyo institucional como salida a la violencia conyugal

En la tabla 3 se presentan los resultados de los modelos de regresión logística estimados, para 2006 y 2011, para predecir la razón de probabilidad de que las mujeres víctimas de violencia conyugal opten por la búsqueda de ayuda institucional.

Lo primero que salta a la vista es que, con el mismo conjunto de factores predictores, el ajuste del modelo logrado con los datos de 2006 es mucho mejor que el correspondiente a 2011. Ello podría responder a diversas causas, como cambios en la calidad de la información o cambios en los perfiles de las mujeres que implicasen diferencias importantes en los factores que pudiesen ser relevantes predictores en uno y otro año. Esta última explicación parece poco factible, ya que solo hay una diferencia de 5 años entre una muestra y otra.

Los factores que resultan significativamente asociados a la razón de probabilidad de buscar ayuda institucional en uno y otro año son señalados en gris y lo que se evidencia es que, en general, muchos factores que sí resultaban significativos en 2006 no se evidencian como tales en 2011.

Tenemos así que en 2006 cada año adicional de educación se asocia positivamente a un incremento en la razón de probabilidad de buscar ayuda institucional de 5 %. Comparadas con las mujeres de un nivel socioeconómico muy bajo, las mujeres en el nivel bajo tendrían 30 % más probabilidades de solicitar apoyo formal, mientras que las mujeres de nivel bajo y nivel alto tendrían menores razones de probabilidad (48 % y 56 % menos, respectivamente) de buscar esta ayuda.

Los cuatro índices de empoderamiento evidencian asociaciones significativas con la búsqueda de ayuda formal en 2006. Incrementos unitarios en los índices de recursos económicos y de autonomía de las mujeres aumentan las razones de probabilidad de solicitar esta ayuda en 71 % y en 2,85 veces respectivamente. Por el contrario, y sorpresivamente, cambios unitarios en el índice de roles (hacia una mayor equidad entre hombres y mujeres) y en el índice de poder de decisión se muestran negativamente asociados a este evento, disminuyendo las razones de probabilidad de buscar ayuda formal en 62 % y 59 % respectivamente.

Estar en unión libre incrementa la razón de probabilidad de buscar ayuda institucional en 77 %, comparado con las mujeres que están legalmente casadas, en 2006. Las mujeres que reconocen el derecho a una vida libre de violencia tendrían una probabilidad de pedir ayuda formal 2 veces más grande que las que no (significancia solo marginal) y para las que reconocen el derecho de defenderse y denunciar los casos de violencia, la razón de probabilidad es casi 3 veces mayor que la de las mujeres que no reconocen este derecho. Pero todas estas asociaciones, significativas en 2006, simplemente no se evidencian con los datos de la muestra de 2011.

Tabla 3: Factores asociados a la búsqueda de apoyo en alguna institución o autoridad

Diversas variables aparecen significativas para ambos años. La edad de las mujeres es marginalmente significativa en 2006 y en 2011. Sin embargo, mientras en 2006 se evidencia un efecto positivo al incrementarse la razón de probabilidad de pedir ayuda a medida que es mayor la edad de la mujer, en el caso de 2011 la relación se muestra negativa, ya que disminuye la razón de probabilidad de buscar esta ayuda formal a medida que aumenta la edad de la mujer. También el número de hijos es significativo en ambos modelos: tanto en 2006 como en 2011 aumenta la razón de probabilidad de buscar ayuda institucional a medida que incrementa el número de hijos.

Haber tenido 2 o más uniones (en lugar de una sola) multiplica por 3,5 la razón de probabilidad de pedir ayuda a alguna agencia o institución en 2006 y en 2011 la incrementa en 31 %. La residencia en zona urbana aumenta la razón de probabilidad de pedir ayuda formal también en ambos años: 38 % en 2006 y 21 % en 2011. Y el rechazo a la violencia ejercida por la pareja aparece como el factor más importante en ambos años, aunque es sustancialmente mayor su efecto en 2006 que en 2011: cada incremento unitario en este índice multiplica la razón de probabilidad por 13,5 en 2006 y por 7,6 en 2011.

Por último, la participación de la mujer en el mercado de trabajo evidencia un efecto significativo solo en 2011, incrementando en 31 % la razón de probabilidad de que la mujer busque ayuda institucional.

Factores asociados a la separación como salida a la violencia conyugal

Los modelos de regresión para predecir la separación como opción de salida a la violencia muestran diferencias importantes entre 2006 y 2011, aunque en general las diferencias son menores que las que se observaban entre los modelos de 2006 y 2011 para la búsqueda de ayuda institucional (tabla 4). Nuevamente, el modelo de 2006 presenta un mejor ajuste que el modelo con datos de 2011.

Destaca en primer lugar que las variables explicativas de reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y del derecho de las mujeres a defenderse y denunciar la violencia no muestran asociaciones significativas ni en 2006 ni en 2011, sugiriendo que estos aspectos no han jugado un papel importante en la decisión de separación de la pareja violenta.

Por el contrario, el índice de rechazo de la violencia ejercida por la pareja se evidencia —tanto en 2006 como en 2011— como el factor que ejerce un papel más amplio, facilitando la decisión de separación en las mujeres: en 2006 cada incremento unitario en el índice de rechazo multiplica por 5,8 la razón de probabilidad de separarse en tanto que en 2011 un incremento similar multiplica por 4,7 la razón de probabilidad de separación.

Las mayor parte de las variables que presentan asociaciones estadísticamente significativas con la decisión de separación arrojan este tipo de asociaciones tanto en 2006 como en 2011, con algunas excepciones que luego revisaremos. Pero se observa que el nivel de significancia y el valor de la asociación tienden a ser mayores en 2006 que en 2011.

Por ejemplo, la edad de las mujeres muestra una asociación negativa con la decisión de separación, pero mientras en 2006 por cada año adicional se reduce la razón de probabilidad de separación en 3 %, para 2011 un incremento similar en la edad de las mujeres reduce esta probabilidad en 2 %.

Tabla 4: Factores asociados a la separación como salida a la violencia

Comparadas con las mujeres que no tienen hijos, las mujeres con hijos (1 ó 2, 3 ó 4, 5+) tienen razones de probabilidad mayores de separarse, siendo 4,7 veces mayor cuando la mujer tiene 5 hijos o más en 2006: también en 2011 tener hijos incrementa la razón de probabilidad de separarse, pero estos incrementos resultan menores a los correspondientes en 2006.

El trabajo extradoméstico también incrementa en ambos años la razón de probabilidad de separarse. Sin embargo, en 2006 esta razón de probabilidad es 5,8 veces mayor que la de las mujeres que no trabajan, mientras que en 2011 es 1,3 veces mayor. Y el índice de actitudes frente a los roles de género es igualmente significativo en ambos años, incrementándose la razón de probabilidad en 2,4 veces en 2006 y en 1,94 veces en 2011.

De manera similar, la residencia en zona urbana muestra una asociación positiva y significativa en ambos años, multiplicando por 1,3 la razón de probabilidad de separación en 2006 y por 1,1 en 2011. Y tener 2 o más uniones también es significativa en ambos años, y es en este caso algo mayor su efecto en 2011: comparadas con las mujeres que solo han tenido una unión, las mujeres con 2 o más uniones tienen una razón de probabilidad 1,5 veces mayor en 2006 y 1,8 veces mayor en 2011.

Algunas variables resultaron significativas en 2006 pero no en 2011. Entre ellas están los años de educación de las mujeres, que reducirían la probabilidad de separación en 6 % por cada incremento unitario en los años de estudio.

El estrato socioeconómico de las mujeres también resulta significativo en 2006 (solo marginalmente significativo en el caso del estrato bajo), observándose que las mujeres en estratos medio y alto tienen, respectivamente, una razón de probabilidad de separarse 35 % y 34 % más elevada que las mujeres de estrato muy bajo. En 2011 esta variable no resulta significativa, excepto el estrato alto, el cual es solo marginalmente significativo e indica, curiosamente, una reducción de la razón de probabilidad de separación de 18 % respecto a las mujeres de estrato muy bajo.

El índice de recursos económicos, el índice de autonomía y el índice de poder de decisión son también significativos solo en 2006 (solo es marginalmente significativo el índice de poder de decisión). Mayores recursos económicos y mayor poder de decisión de las mujeres incrementarían la razón de probabilidad de separación, lo que corresponde con los efectos esperados del empoderamiento de las mujeres al facilitar esta opción de salida a la violencia. Pero, extrañamente, los incrementos unitarios en la autonomía de las mujeres estarían asociados a reducciones de 26 % en la razón de probabilidad de separación.

Finalmente, las mujeres en unión libre tendrían una mayor razón de probabilidad de separación que las casadas legalmente (30 % mayor) y, como excepción, esta asociación solo se muestra significativa en 2011 pero no en 2006.

Conclusiones

La motivación fundamental al emprender este trabajo era comparar los datos de las víctimas de violencia conyugal en 2006 y 2011, y sus respuestas frente a esta, sabiendo que entre ambas encuestas tuvo lugar la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y mediante esta comparación poder determinar si las mujeres mexicanas están respondiendo de una manera distinta a la violencia conyugal.

La hipótesis subyacente era que, con la promulgación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su difusión, un mayor número de mujeres pudiesen conocer sus derechos de vivir sin violencia y de defenderse de esta. Y, por ende, que este conocimiento más amplio sobre los comportamientos que pueden identificarse como violentos pudiese traducirse en actitudes y comportamientos nuevos o reforzados, de mayor rechazo frente a la violencia y de mayor defensa frente a ella.

Sin embargo, los datos muestran una realidad más compleja. Los datos descriptivos con que iniciamos el análisis evidencian, en primer lugar, que un porcentaje muy alto de mujeres está de acuerdo con el derecho a una vida libre de violencia (98 %) y el derecho de defenderse y denunciar una relación violenta (99 %), pero no hubo diferencias importantes en los valores de estos porcentajes entre 2006 y 2011,ya que desde 2006 el reconocimiento de estos derechos era prácticamente universal. Ello nos sugiere que la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no jugó en este aspecto un papel de promoción o ampliación el reconocimiento de estos derechos en la población, sino que vino a reflejar en la legislación un reconocimiento ya existente en una proporción muy amplia de la población.

Por otra parte, los datos de ambas encuestas indican que la proporción de mujeres víctimas de violencia que optaron en 2011, respecto a 2006, por buscar ayuda institucional o por separarse frente a la violencia de su pareja fue significativamente menor. Estos datos podrían interpretarse como desalentadores, pero es importante no olvidar que los cambios ocurridos tanto en algunas preguntas de la encuesta como en el proceso de selección de las mujeres en la muestra de una y otra encuesta, y en las diferencias resultantes en las características de unas y otras, pueden ser al menos parcialmente responsables de los resultados encontrados. Será preciso por tanto seguir investigando y consultando otras fuentes de información para tener una visión más ajustada de las tendencias en las prevalencias de estas dos salidas frente a la violencia conyugal en los años recientes en México.

Un hallazgo importante es que el reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y del derecho a defenderse de esta juega un papel significativo, propiciando la búsqueda de ayuda institucional frente a la violencia. Sin embargo, respecto a la posibilidad de separarse de la pareja como salida a la violencia, el reconocimiento de estos dos derechos no muestra ninguna relevancia. De este resultado inferimos que muy posiblemente el elevado valor atribuido al matrimonio y a la familia en México, donde el matrimonio sigue siendo casi universal (Quilodrán, 2000 y 2004, Tuirán, 2002 citados por Pérez Baleón, 2013), de alguna manera podría condicionar el significado que otorgan y la interpretación que hacen las mujeres de sus propios derechos. Es factible pensar que para las mujeres estos derechos quedan replegados o subordinados a la preservación de la unión y de la familia completa.

Otro resultado importante es el rol protagónico del rechazo a la violencia ejercida por la pareja como elemento movilizador que facilita la adopción de cualquiera de estas dos salidas a la violencia. Si bien los resultados con los datos de 2011 se ven algo disminuidos respecto a los de 2006, es muy claro que en ambos años, y tanto para predecir la búsqueda de ayuda como para predecir la alternativa de separación, este factor juega el papel más importante —entre los factores incluidos en el análisis— para la adopción de una salida a la violencia.

Por último, otro aporte de este trabajo es evidenciar el importante rol que juegan las distintas dimensiones del empoderamiento de las mujeres para la movilización de las víctimas de violencia hacia cualquiera de estas dos salidas. Aunque nuevamente los resultados para 2011 aparecen menos claros y más limitados, es evidente que los distintos aspectos del empoderamiento de las mujeres deben ser incorporados como elementos claves en las posibilidades de salida de las mujeres a la violencia.

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